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Al fin los periodistas judiciales dejaremos de ser mendicantes

Marco Lara Klahr

Los periodistas policiales y judiciales en México —como en otros contextos deficitarios democráticamente— somos una especialidad profesional mendicante. No importa en qué medio ejerzamos, dependemos de la voluntad, discrecionalidad y oportunismo de policías, peritos, ministerios públicos, procuradores y jueces. Ellos determinan el timing mediático.

Nuestra materia prima, la información de interés público, habitualmente proviene de una sola fuente —esos funcionarios— y prácticas institucionales violatorias de derechos. Nos es entregada en forma de boletines y ruedas de prensa, o filtración de expedientes judiciales, o la obtenemos en la escena de los hechos —pues compramos a policías equipos y claves de radiofrecuencia de uso oficial que nos permiten llegar antes; mantenemos arreglos lo mismo con socorristas y bomberos, que con operadores de radio; o quienes tendrían que preservar dicha escena nos permiten irrumpir en ella.

Esto propicia la consumación de los tribunales mediáticos, con sus implicaciones para los derechos de las personas víctimas, detenidas o imputadas de delito, y sus familias.

1. Un alto funcionario de procuración de justicia en el noroeste del país me dijo que, aunque en su estado el sistema penal había establecido ya las audiencias públicas, los periodistas seguían exigiéndole boletines de prensa sobre los casos, aduciendo que ni tenían tiempo para cubrir los juicios ni los comprendían del todo.

2. Al norte, durante un taller de periodismo judicial mis colegas concluyeron que el paradigma acusatorio de justicia en su entidad había fracasado y que los jueces, además, les impedían presenciar las audiencias. Sin embargo, al final resultó que ni siquiera se les había ocurrido asistir a ellas o sus jefes les habían ordenado no acudir, para obligar al gobierno a seguir exhibiendo públicamente a personas detenidas o imputadas.

3. En un estado vecino, durante una mesa en la que participé con el procurador local y un juez del fuero común de otra entidad, un colega periodista preguntó a este último: «Señor, en su estado está prohibido que los periodistas entren a la escena? ¿Hay alguna manera de que sigamos teniendo acceso a ella y a las personas detenidas? La respuesta del juez nos dejó perplejos: «Miren, muchachos, no está prohibido expresamente, entonces pónganse de acuerdo acá, con el señor procurador, para que puedan seguir entrando».

4. Por último, en un estado del centro del país un policía me platicó que, «por orden del jefe», él y sus compañeros «les paseamos a los detenidos a través de un pasillo, para que los periodistas les tomen fotos, porque la ‘presentación’ la tenemos prohibida».

Son algunas de las peores secuelas de la cultura imperante en el longevo paradigma inquisitivo de justicia penal, que generaron un periodismo instrumentalizado, chimuelo y servil, y que deberá cambiar en el entorno acusatorio que se implementa en México.

El problema es que quienes conformamos el gremio periodístico no nos hemos tomado el tiempo ni la atención para debatir específicamente sobre el recién promulgado Código Nacional de Procedimientos Penales. Aquí está el meollo. Esto nos permitirá no depender más de las migajas de información que nos dan los actores del sistema penal.

De acuerdo con el 20 constitucional, en su Artículo 5º el Código Nacional establece que «Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se desarrolle la audiencia en los casos y condiciones que determine el Órgano jurisdiccional conforme a lo dispuesto por la Constitución, este Código y los acuerdos generales que emita el Consejo».

Luego, el Artículo 55 impone como única condición que «Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán informar de su presencia al Órgano jurisdiccional con el objeto de ubicarlos en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la audiencia».

Lo cual redondea el 113 al prever que quien es imputado tiene derecho «A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad»; «no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad», y «no ser expuesto a los medios de comunicación», aparte de «A no ser presentado ante la comunidad como culpable».

¡Maravilloso, oro molido! No mendigaremos más. Al presenciar las audiencias, podremos informar integralmente al público sobre los casos judiciales, sin poder —al mismo tiempo— exhibir a las personas mediáticamente. Esto elevará el estándar del periodismo y nos dignificará como profesionales, convirtiéndonos al fin en un recurso ciudadano para el ejercicio del derecho a la información y la supervisión del sistema  penal.

Pero que lo anterior se haga realidad depende de que los periodistas nos organicemos para revisar este nuevo marco normativo, lograr como gremio que los jueces lo respeten y aprender el espíritu y la mecánica procesal acusatorios para realizar coberturas periodísticas socialmente útiles. Es momento de poner manos a la obra.

*Este artículo fue publicado originalmente en el blog Edad Medi@tica. 

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Detalles

Categoría

Periodismo

Fecha

agosto 10, 2016

Autor

Marco Lara

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