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Sistema penal acusatorio para dummies

Sistema penal acusatorio para dummies

¿Sabes cuándo surgió, cuál es su función y con qué se come el sistema de justicia penal acusatorio en México o en versión corta, el sistema penal acusatorio? Te duele la cabeza y te haces bolita cuando en los medios informativos y tus redes sociales se habla, por ejemplo, de presunción de inocencia?

No te quiebres la cabeza con los sinalagmáticos, los perentorios y los vacatio legis, acá te diremos de qué trata y por qué debería importarte.

Sistema penal acusatorio con peras y manzanas

El sistema penal acusatorio es importante porque, a diferencia del inquisitivo, sigue una visión de derechos humanos y no contempla el conflicto penal como una lucha entre “héroes y villanos” (#NotMarvel), sino que busca el esclarecimiento de los hechos para la adecuada reparación del daño y así evitar un mal mayor.

Lo primero que hay que saber es que este sistema no tiene nada de nuevo: lleva en circulación más de 50 años en el mundo, mientras que en México su implementación inició con la reforma penal de 2008, una de las más importantes en el país y que incluyó en el artículo 20 de la constitución que el proceso penal será acusatorio, oral y se regiría bajo cinco principios procesales.

Amplió el catálogo de derechos de las personas víctimas, al ofrecer mecanismos de protección de información y datos personales, y la adecuada reparación de daño. También incluyó el derecho a la presunción de inocencia; en donde todxs somos inocentes hasta que se compruebe nuestra culpabilidad en un juicio y el juez haya emitido una sentencia definitiva, lo que imposibilita, además, prácticas nocivas como los juicios mediáticos.

Principios que lo rigen

  1. Principio de publicidad: refiere que todas las audiencias están abiertas al público, incluidos las y los periodistas, salvo situaciones excepcionales en las que la o el juez determine lo contrario;
  2. de contradicción: establece que tanto la persona víctima como la acusada gozan de igualdad procesal, por lo que ambas tienen las mismas posibilidades de probar sus alegatos y responder;
  3. de concentración: ambas partes tienen el derecho de presentar pruebas a favor o en contra en momentos específicos del proceso penal;
  4. de continuidad: exige que los casos no queden “congelados” durante años en papelería burocrática, por lo que el proceso penal debe resolverse en los tiempos previstos legalmente;
  5. de inmediación: sin la o el juez no puede existir audiencia, así de simple. También garantiza el derecho de ambas partes a ser recibidas y escuchadas por este.

Sabemos que a políticos, funcionarios, periodistas y medios noticiosos les encanta decir que el sistema de justicia acusatorio (y los derechos humanos, en general) sirven para “proteger criminales peligrosos” o “para sacarlos de la cárcel”, y que los costos de su implementación son mayores que sus beneficios.

¿Quiénes son estos “criminales peligrosos” y cuánto cuesta atenderlos en los centros de reinserción social? 42% de la población penitenciaria en el país la conforman personas en prisión preventiva; es decir, que no han recibido una sentencia condenatoria.

Mantener a esta población le cuesta al gobierno 13 millones de pesos diarios (¡que es parte de los impuestos que pagamos!), mientras que los familiares, 900 millones de pesos.

Si el gobierno gasta 170 pesos diarios por persona privada de libertad, con el nuevo modelo se reduce a 20 pesos, pues, además, privilegia las medidas cautelares diferentes al encarcelamiento de personas, así como mecanismos alternos para resolver en lo posible el conflicto penal.

Así que ya sabes, si alguien te dice que el sistema de justicia acusatorio “sale más caro” porque “libera criminales”; sé bueno, sé como Batman: 

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